Manifiesto contra el desmantelamiento de la Radio Televisión Pública

RTV Pública: otro modelo es posible

Desde hace meses estamos asistiendo a decisiones del Gobierno, tanto central como autonómicos, que tienen como objetivo la liquidación de servicios públicos esenciales en la sociedad. Así ocurre con la privatización de la sanidad o la educación y, en estos momentos, con las Radio Televisiones Públicas, auspiciada por el cambio legislativo del actual gobierno, que supuso la modificación de la  Ley General de la Comunicación Audiovisual, abriendo las puertas a la gestión privada.

Son claros ejemplos de este exterminio de los medios de comunicación públicos el Expediente de Regulación de Empleo en la RTVV (Canal 9, Radio 9 y el Ente Público) en el que, sin llegar a ningún acuerdo con los trabajadores y trabajadoras, la Generalitat Valenciana ha empezado a despedir a 1.198 personas, de un total de 1600, y el que se ha planteado en RTVM (Telemadrid, Onda Madrid y el Ente Público) con el que la Comunidad de Madrid destruirá 829 puestos de trabajo de una plantilla de 1.170. Hace muy pocos días, la mayoría de las personas trabajadoras afectadas han recibido cartas de despido y se les ha expulsado de las instalaciones de Telemadrid. Estos son los casos más flagrantes de cómo la mala gestión de directivos corruptos da al traste con los proyectos de muchos y muchas profesionales que han desarrollado productos informativos, culturales y de entretenimiento de alta calidad.

Estas brutales agresiones, junto con los recortes presupuestarios que se están produciendo en todas las cadenas autonómicas o la misma RTVE, son el pistoletazo de salida para acabar con un servicio que son esenciales e imprescindible en términos de rentabilidad social e independencia informativa.

El servicio público estatal y autonómico de radiotelevisión y servicios interactivos son cruciales para salvaguardar la diversidad y la identidad cultural y lingüística, el pluralismo, la cohesión social, la promoción de las libertades fundamentales y el propio funcionamiento de la democracia.

El actual escenario de crisis económica no debe servir de justificación para entregar a grupos  políticos  y  empresariales  privados  un  servicio  público  de  gran  valor  social,  ya que  si  este  servicio  fundamental  se  privatiza,  se  pondrá  en  riesgo  el  derecho  de  la ciudadanía a una información pública, veraz y de calidad, recogido en la Constitución Española y se perderá la custodia del fondo y archivo audiovisual estatal y autonómico.

Se  ha  demostrado,  además,  que   el  modelo  de privatización  y  concesión  a  empresas privadas  de  las  televisiones  públicas  autonómicas,  puesto  en  marcha  en  Murcia, Canarias, Aragón o Castilla y León, y ya aplicada en origen en IB3 y la RTV canaria, no es  viable  social  ni  económicamente.   No  solo  no  ha  garantizado  una  televisión  de calidad,  sino  que  tampoco  ha  reducido  costes.   Inmersas  en  procesos  de  despido colectivo  (como  es  el  caso  de  RTVCyL)  e  incluso  de  cierre   (la  televisión  murciana  ha dejado de emitir temporalmente), a pesar de la precariedad laboral de sus plantillas, no  han  proporcionado  el  servicio  público  de  radiotelevisión  costeado  a  través  de  los presupuestos generales de sus respectivas  comunidades autónomas. Ha servido sólo para  incrementar  y  profundizar  las  redes  de  corrupción  tejidas  en  torno  a  la radiotelevisión y a diversos gobiernos autonómicos.

Otro  modelo  de  televisión  pública  es  posible.  Un  modelo  en  el  que  se  racionalice  el gasto dando prioridad al servicio público y al  mantenimiento del empleo, en el que la información  veraz  y  de  calidad  sustituya  a  la  manipulación  partidista  y  donde  los intereses  de  la  ciudadanía  primen  sobre  los  de  los  lobbies  empresariales  y  grupos políticos.  En  este  sentido,  rechazamos  expresamente  los  informes  de  viabilidad encargados  a  grandes  consultoras,  como  Price‐  Waterhouse,  Deloitte,  Cuatrecasas  o KPMG, pues carecen de neutralidad y transparencia para emitir valoraciones sobre el funcionamiento  de  empresas  públicas  que  desconocen,  y  actúan  bajo  la  presión  de otros clientes ligados a los intereses de la radio televisión privada.

Por todo ello, los abajo firmantes exigimos la retirada de los Expedientes de Regulación de  Empleo  y  el  cese  de  los  despidos  en  RTVM  y RTVV,  así  como  la  retirada  de  las medidas de recorte y precarización de las condiciones laborales de los trabajadores de los  medios  de  comunicación  públicos.  Igualmente  reclamamos  que  se  garantice  la viabilidad  de  éstos  y  sus  principios  fundacionales,  negociando planes  alternativos basados  en  la  reducción  de  costes  por  medio  de  la  producción  propia  interna  y  la internalización  de   servicios;  controlando  el  gasto  y  limitando  el  número  y  las retribuciones  de  los  equipos  directivos,  con  una  financiación  estable,  a  través  del contrato‐programa  u  otras  fórmulas,  que  permita  la  continuidad  y  sostenibilidad  del servicio público de comunicación.

Así  mismo,  expresamos  nuestra  voluntad  de  defender  la  existencia  de  una radiotelevisión pública que:

Disponga de una oferta audiovisual diversa, gratuita y de calidad; que proporcione una información veraz e independiente, que respete  el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas, garantizando el acceso universal a la cultura, al entretenimiento y a las posibilidades que abre la sociedad de la información y el conocimiento en el nuevo entorno digital.
 
SIN INFORMACIÓN NO HAY DEMOCRACIA

Este manifiesto ha sido consensuado por los sindicatos CCOO, UGT, CGT, FeSP e Intersindical Valenciana con motivo de la convocatoria de una manifestación, el 7 de febrero a las 12 horas, desde la Plaza Jacinto Benavente a la Puerta del Sol, en defensa de una radio televisión pública estatal y autonómica de calidad, y contra los despidos en Telemadrid y Canal 9.